Hace dos años publiqué un Working Paper en esta misma colección de Estudios/Working Papers del GIGAPP: "La Administración que se espera para después de la crisis" (WP-2011-02). La intención de ese documento era vaticinar el impacto de la aguda y prolongada crisis económica sobre las administraciones públicas en España. Han trascurrido dos años desde que presenté esas reflexiones, y este paper tiene como misión destacar y reflexionar sobre lo que ya ha sucedido. Se trata de un análisis parcial elaborado al calor de los sucesos y, por tanto, carece de la consistencia del estudio académico elaborado con una más amplia perspectiva que solo permite el reposo que concede el tiempo. La primera conclusión es que, lamentablemente, las hipótesis incluidas en el paper previo se van cumpliendo en términos generales aunque con algunos matices que hay que destacar a modo de balance parcial. Frente a la profunda crisis económica, las crisis política, social e institucional han llegado para acompañarnos durante muchísimo tiempo. Como eje de las propuestas se seleccionan cinco temas críticos para la renovación institucional y la modernización de las administraciones públicas: a) renovar los procesos de selección de los empleados públicos para preservar los principios de igualdad, capacidad y mérito y el resto de las grandes propuestas las comento de forma sintética como apostillas; b) un estatuto de la dirección pública profesional; c) transparencia; d) un reenfoque de las tecnologías de la información; e) mejorar los sistemas de gobernanza de los partenariados público- privados. Al final del documento se ubica un listado con todos los ítems, algunos de gran calado y otros más instrumentales, que debería atender una reforma administrativa si aspira a ser completa.

El presente trabajo caracteriza la protesta social en Chile entre los años 2006-2011. Tras un registro y revisión de las acciones de protesta acontecidas en torno al conflicto estudiantil, mapuche y ambiental, se analiza su alcance e intensidad (número de días y número de acciones de protesta), el repertorio de acción desplegado en torno a cada eje de conflicto y su localización geográfica, apuntando algunos elementos de continuidad y ruptura en el tiempo, así como diferencias y semejanzas entre los movimientos impulsores de la protesta. Finalmente, se delinean algunas áreas de análisis a desarrollar en el marco de un programa de investigación en curso.

Entre los ejemplos de microcrédito en Brasil, se destaca el Programa de Microcrédito Productivo Orientado del Banco del Nordeste, el Programa CrediAmigo. La presente propuesta busca evaluar los impactos del Programa CrediAmigo en la percepción de los gestores, asesores de crédito y/o coordinadores y beneficiarios, en municipios del norte de Minas Gerais. Esta propuesta se destaca por estudiar una de las regiones pobres de Brasil, que necesita estímulos externos para desenvolverse, además de la investigación de campo con diferentes actores sociales del CrediAmigo. Por medio del análisis de contenido, este estudio identificó los efectos positivos del microcrédito, coherentes con la teoría, considerándolo un instrumento capaz de fortalecer los emprendimientos y elevar la renta de las familias beneficiarias, inclusive, identificando une mejora en la calidad de vida.

En este artículo llevamos a cabo, en primer lugar, una revisión crítica y contextualizada de la literatura producida en el campo académico de la Participación Electrónica en los últimos años, exponiendo sus principales propuestas y analizando sus fortalezas y debilidades. Posteriormente presentamos una serie de conceptos básicos que permitan entender los aspectos esenciales de la participación digital: qué es la (e)Participación, cuáles son sus características, dinámicas, justificación e implicaciones.

En este documento exploramos la idea de que los migrantes con talento pueden ayudar en el desarrollo y el crecimiento de sus economías de origen a través de dinámicas de circulación cerebral, vinculando al mundo desarrollado donde viven y desarrollando sus hogares (o sus ancestros en el caso de generaciones posteriores) dejados atras. Dependiendo de los roles que desempeñen estas personas con talento en el entorno organizativo (e institucional) en ambos extremos de la ruta migratoria, hay disponibles diferentes alternativas de iniciativas lideradas por la diáspora. Cuando estos roles están vinculados al sector privado, la introducción de iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que combinan las herramientas preexistentes de la diáspora (como las redes de talentos, las cadenas abiertas de migración, las instituciones orientadas a la diáspora, etc.) podrían ser los canales más apropiados y eficientes.

La disminución de la población en edad de cursar los servicios de educación básica es una tendencia irreversible que plantea importantes retos para las autoridades, instituciones y políticas que gobiernan el sistema educativo en México. Este hecho ofrece un escenario en el cual previsiblemente los docentes se enfrentarán a grupos de alumnos menos numerosos propiciando un aligeramiento de las cargas de trabajo de los profesores, así como una mayor interacción de estos con sus alumnos. El sentido común sugiere que estos dos factores pueden beneficiar el rendimiento escolar. Sin embargo, experiencias internacionales muestran que lo anterior no se da necesariamente en forma automática. Los resultados al respecto apuntan que la disminución del tamaño de las clases debe acompañarse por un conjunto de medidas de política pública que favorezcan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La ponencia busca contribuir al debate sobre el tamaño de las clases como un factor condicionante de la calidad y el rendimiento escolar en México, pero sobre todo, aportar elementos para el diseño e implementación de una política pública destinada a hacer de la disminución en el número de alumnos por grupo, una oportunidad para mejorar la calidad educativa.

Aunque los antecedentes del concepto “cohesión social” se remiten a la sociología clásica ha sido en las últimas tres décadas cuando el término ha cobrado un nuevo impulso siendo retomado como eje de análisis y de orientación en el ámbito de las políticas públicas, especialmente en el marco de las políticas de la Unión Europea. Actualmente, tanto la definición como el ámbito de aplicación de la cohesión social se ha convertido en fuente de debates a partir de su inserción en América Latina, donde el contexto de violencia, exclusión y los más altos niveles de desigualdad económica del mundo han planteado nuevos retos y posturas críticas hacia la aplicación de políticas de cohesión social e incluso hacia el propio uso del término.

Dado el interés creciente de los Gobiernos y Administraciones Públicas por desarrollar iniciativas de participación ciudadana, este artículo realiza una aproximación a algunos de los mecanismos posibles para incorporar a la ciudadanía en las decisiones políticas y públicas. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden aportar ventajas a los procesos participativos para agilizarlos y difundirlos; pero también pueden limitar la participación a quienes no acceden a Internet. Ya que vivimos inmersos en una sociedad en la que el acceso a la información y al conocimiento puede realizarse por múltiples canales, se recomienda que las iniciativas de participación ciudadana se diseñen desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta mecanismos de participación tanto presenciales como virtuales.

Los Programas de Transferencias Condicionadas implementados por los distintos gobiernos de América Latina han otorgado un papel central a las madres en la reducción de la pobreza y en la generación de bienestar familiar. Estas iniciativas han tenido un impacto positivo en algunos países donde se ha logrado asegurar condiciones de subsistencia para sus usuarios, sin que esto implique una transformación en las relaciones entre hombres y mujeres. Desde una perspectiva de género reviso dos problemas recurrentes y comunes en la elaboración de estos programas: el primero, referente al dilema trabajo remunerado/trabajo no remunerado y, el segundo, a la cuestión del cuidado. Concluyo que los programas de transferencias monetarias han reforzado la división sexual del trabajo en las familias usuarias, al tiempo, que han sido débiles en potenciar el empoderamiento social de las mujeres cabeza de familia. Su escaso vínculo con el mercado laboral ha sido determinante para la reproducción de las relaciones de género.

En los últimos años, el concepto de gobierno abierto se ha extendido con fuerza y se ha instalado en la agenda política mundial de manera sorprendente. Sin embargo, se trata de una idea y un modelo en fase de construcción cuya ambigüedad y falta de definición consensuada puede perjudicar significativamente las potencialidades que se le atribuyen, como nuevo paradigma que permita construir capacidades para asumir adecuadamente los desafíos del siglo XXI, sobre la base de llevar a la práctica los principios de la transparencia y apertura, la participación y la rendición de cuentas en los asuntos públicos. El artículo discute los orígenes y alcances del concepto y propone una definición operacional. Además, y tomando el caso de la recientemente creada “Alianza para el Gobierno Abierto” (Open Government Partnership - OGP), se propone un marco de referencia para evaluar los planes de acción que los países latinoamericanos han comprometido al incorporarse a dicha iniciativa. En esta perspectiva, el análisis comparado de los planes de acción permite extraer lecciones y aprendizajes que pueden contribuir a potenciar y consolidar los esfuerzos por “abrir” los gobiernos en la región, desde una visión ligada al concepto de gobernanza abierta y colaborativa. Finalmente, se reflexiona sobre la posibilidad que bajo la etiqueta del gobierno abierto se promueva una nueva agenda de reforma del Estado y modernización de la gestión pública para los próximos años en Latinoamérica.