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O objetivo do grupo de trabalho é discutir desenhos institucionais, experiências de ação coletiva e políticas públicas que favoreçam a transparência, o controle social e a ação pública na América Latina. É no âmbito destas relações que se busca investigar, problematizar e propor alternativas para a um Estado mais permeável à influência de novos atores na conformação da Ação Pública, o que inclui experiências de diálogo e partilha de responsabilidades entre Estado, mercado e sociedade civil, com as finalidades acima descritas. A integração dos temas suscita reflexões teóricas e empíricas sobre construções coletivas que impulsionem novas respostas para os problemas públicos frente à crise econômica e sociopolítica que desafiam à democracia na América Latina.
Este GT parte da perspectiva de que a diversidade cultural se constitui como um projeto político de construção da pluralidade, entendida como o exercício pleno da equidade, ou seja, o direito das diferenças serem tratadas em regime de igualdade. Neste sentido, mais do que um mosaico de diferenças, a diversidade cultural nos remete ao complexo desafio da construção de bases políticas, econômicas e institucionais para a interação, o diálogo, a convivência e as trocas baseadas no princípio da equidade. Neste sentido, as políticas públicas e a ação governamental se apresentam como centrais. Serão aceitos neste GT trabalhos que reflitam, a partir das diferentes realidade ibero-americanas, sobre: (i) experiências de planejamento e desenvolvimento de políticas públicas para a diversidade cultural em bases regionais e locais; (ii) ações públicas de formação e capacitação em gestão e políticas culturais com enfoque na diversidade cultural; (iii) desenvolvimento regional e local com base na perspectiva da cultura e da diversidade; (iv) participação social, diversidade cultural e decolonização das práticas de proteção e promoção.
La mejora y profundización democrática es uno de los principales retos al que se enfrenta las administraciones y los gobiernos en el actual contexto de creciente desconfianza ciudadana y descrédito de las instituciones públicas. El impulso de formas directas de participación ciudadana que complementen a las instituciones representativas se ha convertido en una demanda social de primera magnitud. El Grupo abordará con un enfoque comparativo la existencia, vigencia y naturaleza de las diferentesLeyes de Participación ciudadana de ámbito nacional y regional en el contexto iberoamericano y el modo en que hacen posible el ejercicio y la materialización del derecho de la ciudadanía a conocer, opinar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos.
De conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, por ejemplo, el número 16 (“Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”) algunas de las metas a alcanzar para 2030 dependen fuertemente de la existencia de una regulación pública de calidad. Así, “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”, “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”, “crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles”, “garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles”, “ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial”, “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, o “promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”, por ejemplo (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ ). Del mismo modo, en la elaboración de la Nueva Agenda Urbana derivada de Habitat III en Quito, Ecuador, a finales de 2016, se ha puesto de relieve la extraordinaria importancia de la calidad de las reglas jurídicas para la gobernanza urbana (Policy Paper número 5, 2015: http://habitat3.org/wp-content/uploads/event_files/ooVmt0FkZYOHtpBWXN.pdf ) Todos estos objetivos no podrán lograrse sin un nuevo modo de entender la regulación pública que permita lograrlos. La innovación es clave para la competitividad y el crecimiento económico de los países y para dar respuesta a los complejos retos que tienen planteadas las sociedades en la actualidad en los aspectos sociales y ambientales. La misma se traslada a nuevos sectores en los que es necesaria una intervención de las Administraciones públicas, como la economía colaborativa (sharing economy), las nuevas tecnologías o los datos abiertos y masivos (open and big data). La regulación puede ser un elemento que permita e incentive la innovación en las sociedades o, por el contrario, la dificulte y la desincentive. Las normas jurídicas del siglo XXI deben dar respuesta a la complejidad, la diversidad y la incertidumbre que caracterizan nuestra época. La regulación debe adaptarse a la innovación. En efecto, la innovación plantea nuevos retos a la regulación que se traducen en la necesidad de incorporar nuevos instrumentos y procedimientos de regulación que puedan reflejar adecuadamente los resultados de la innovación y determinen el papel que en ellos deben tener las Administraciones públicas. En esta dirección, en los últimos años se han puesto en marcha algunas iniciativas como la evaluación ex ante y ex post de las regulaciones, la experimentación normativa, los laboratorios de regulación, el nudging, el desarrollo de indicadores de calidad normativa, la regulación de los lobbies o grupos de interés, o la participación electrónica en la elaboración de normas (erulemaking), entre otras, a través de las que la regulación se está adaptando a las exigencias que se derivan de la innovación y permitiendo y alentando ésta. Este grupo de trabajo se propone analizar el impacto de la innovación en la regulación, concentrando especialmente la atención en cómo deben los parlamentos, los gobiernos y las Administraciones públicas impulsar la regulación de los sectores con un alto nivel de innovación y qué instrumentos técnicos concretos están a su alcance para ello.
El ciberespacio, conformado de forma esencial por Internet, sus plataformas operativas, sus redes sociales digitales y sus incontables y crecientes aplicaciones en todos los ámbitos de la vida humana, muchas de ellas poco conocidas por los internautas, si bien ampliamente estudiadas en los ámbitos académicos internacionales, se ha convertido en un foro para el debate en torno a la comunicación y la participación política, convocando a diversas porciones de la academia internacional a repensar las prácticas democráticas bajo el concepto conocido, como Democracia Digital. Esta discusión obedece, de manera fundamental, a que Internet y su más visible aplicación, la Web, son tecnologías sociales auto generativas y transformadoras. Con el advenimiento de las ya no tan novedosas tecnologías digitales de información y comunicación (TIC), el sistema mediático mundial ha sufrido una profunda mediamorfosis estructural que ha impactado los fundamentos mismos de la manera en que los mercados y las democracias liberales han co evolucionado por casi dos centurias (Benkler, 2006: 1). En consecuencia, el actual ecosistema mediático digital global, configurado en su más significativa expresión a partir de la última década del siglo XX, se ha constituido como un enredado, complejo y fuertemente anárquico sistema en constante tensión debido, en buena medida, a la presencia en su interior de múltiples, diferenciados y poderosos intereses en pugna, lo que entre otros aspectos relevantes ha dificultado su análisis, desarrollo, proyección y gobernaza. La investigación en torno a la capacidad de las tecnologías hipermediáticas para reavivar la declinante salud de la democracia representativa sigue siendo un tema prioritario de la agenda indagatoria académica debido, en buena mesura, a la persistencia del aún extenso número de incógnitas cuyas respuestas pueden ayudar a desentrañar los términos de la inter relación efectiva entre las tecnologías en red, notoriamente Internet, los comportamientos sociales y la participación política; sobre todo en cuanto sus efectos consecuentes en el devenir democrático global. Esta propuesta de Grupo de Trabajo es resultado de un Proyecto de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) que impulsa la UNAM. El Grupo de Trabajo propuesto ya cuenta con algunos trabajos referidos a cuestiones digitales desarrollados desde el ámbito de la administración y políticas públicas y la comunicación política. Los trabajos sujetos a incorporarse al Grupo de Trabajo deben versar sobre las siguientes líneas de análisis: - gobierno digital - participación política digital - redes sociales y política - democracia digital
Resulta evidente que en la actualidad una de las preocupaciones que con mayor énfasis condiciona la opinión de los ciudadanos sobre la administración pública tiene su razón de ser en la corrupción. La percepción de la ciudadanía es que los gestores públicos han abusado de la confianza depositada en ellos como garantes de la ejecución de servicios y prestaciones públicas y que dicho abuso se ha traducido en una gestión ineficiente, con sobrecoste, con beneficios para terceros y con claros perjuicios para el último destinatario del servicio público: esto es el propio ciudadano. Las malas prácticas en la gestión de los servicios públicos potencian la sensación de indefensión del ciudadano ante el complejo y potente instrumento que es la Administración; puede llegar a sentirse doblemente perjudicado: por un lado es el obligado a costear mediante sus impuestos todas las inversiones y gastos realizados por las administraciones públicas y por otro, sufragará dichos gastos e inversiones con independencia de que finalmente sirvan o no al fin público. El desencanto del ciudadano con determinadas prácticas de gestión y administración abusivas, fraudulentas o directamente delictivas provoca su frustración y su desencuentro total con la identificación de la Administración como representante de sus intereses y objetivos de cara a la prestación de servicios públicos.
Es innegable que los ejes comerciales impulsados por diversas asociaciones de comerciantes han impulsado el comercio local y han conseguido dotarse de una cierta identidad propia y característica. Este modelo, no obstante, como otras iniciativas llevadas a cabo por asociaciones comerciales en otras ciudades –como los centros comerciales abiertos o las gerencias de comercio urbano, entre otros– no solo están dando muestras claras de agotamiento, sino que no se han aproximado a los buenos resultados en términos de renovación y de impulso económico que sí han conseguido los Business Improvement Districts (BIDs) en países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Los BIDs son organizaciones cuya iniciativa parte del sector privado y posteriormente son autorizados por el sector público, cuyo objetivo es prestar servicios adicionales dirigidos a potenciar el comercio y la actividad económica y la regeneración del área que se pretenda impulsar. Cabe señalar, también, que los BIDs nunca sustituyen a las administraciones públicas, ni las desplazan en la prestación de servicios públicos. En concreto, los objetivos de estudio y debate del grupo de trabajo son: A. Adaptación del modelo internacional BID a nuestra realidad comercial, económica, social y urbana y a las características que el marco jurídico español vigente establece para las actuaciones de los particulares en los espacios públicos. B. Las Áreas de Promoción Económica Urbanas como nueva forma de gobernanza en el ámbito local. C. Descripción de experiencias llevabas a cabo en algunos municipios españoles (avances realizados hasta la fecha). D. Posible extensión del modelo de los BIDs a algunos países iberoamericanos y, en especial, en aquellos con economías emergentes. E. Examen de las modalidades de autogestión de la economía urbana. Determinación de las funciones y actuaciones a desarrollar por los BIDs. F. Distribución de funciones en el eje público-público: reparto de competencias entre Administraciones públicas y BIDs. Determinación del título competencial habilitante en la materia. G. Identificación de las ventajas que un BID tiene para los agentes económicos. H. Los BIDs como elemento de impulso al ejercicio democrático de las decisiones a nivel municipal. I. Análisis de las formas jurídicas que puede adoptar el BID: estudio de las diversas opciones y, en su caso, determinación de la necesidad de fijar una forma jurídica precisa y qué cambios normativos son necesarios. J. Estudio de los mecanismos de financiación de los BIDs: la necesidad de establecer una obligación de pago a todos los agentes económicos que actúen en la zona para financiar el presupuesto del BID.
En el actual contexto de crisis económica y de mayor preocupación por la eficiencia del sector público, se ha intensificado el tradicional recurso de las administraciones públicas a la colaboración con los particulares para el ejercicio de sus funciones. Entre las distintas formas que puede revestir dicha colaboración encontramos las llamadas Entidades Colaboradoras de la Administración (ECAs). Cuando hablamos de las ECAS nos referimos a un conjunto muy diverso de entidades privadas que colaboran con la Administración en el ejercicio de funciones que son propias de aquélla. En realidad, éste no es un fenómeno absolutamente nuevo en nuestro ordenamiento. Sin embargo, en los últimos años las ECAs han ido ampliando progresivamente tanto su ámbito de actuación como su alcance, llegando a colaborar en el ejercicio de funciones públicas de autoridad (como, por ejemplo, la inspección, certificación o acreditación). Desde esta perspectiva, este Grupo de Trabajo pretende contribuir al análisis de las ECAS, examinando, por ejemplo: 1. Tipo de habilitación normativa que requiere la actuación de las ECAs. 2. Relación entre las ECAs y la administración titular de la función pública: mecanismos de información, colaboración, coordinación y solución de controversias. 3. Aplicación a las ECAs de las normas de garantía de la libre competencia; así como las normas de garantía de unidad de mercado. 4. Análisis DAFO de las ECAs: identificación de las debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades del sistema de colaboración con ECAs. Diagnóstico de la situación y propuestas de futuro. 5. Experiencias comparadas.
El modo como se configura el denominado “diamante del cuidado”, o los contornos que presenta la organización social de los cuidados, sobre todo de la población más envejecida, es uno de los temas sociales y políticos más preocupantes en las sociedades modernas avanzadas y ha sido fuertemente impactado por las políticas de austeridad. En este grupo, se invita a reflexionar sobre cómo se están reconfigurado las intervenciones públicas, qué sujeto es el destinatario de dichas intervenciones, quienes y con qué principios diseña las intervenciones, en qué filosofía política se sustentan, qué papeles se otorgan a las personas receptoras de cuidado, y qué organizaciones, instituciones o personas tienen atribuida la responsabilidad de dar respuesta a unas necesidades de cuidado cada vez más intensas, en la medida en que la población envejece. En dicha línea, se acogerán propuestas en torno a: 1) el análisis de los marcos institucionales y políticos de los cuidados (dirigiendo la atención hacia las administraciones públicas y organización de los servicios sociales); 2) las condiciones socio-políticas del trabajo de cuidados y las “otras dimensiones” implicadas no reconocidas (relaciones afectivas, moral, usos del tiempo); 3) las propuestas de reflexión teórica del cuidado, (sea orientando el análisis hacia las personas en situación de dependencia, o hacia las que prestan cuidados habitualmente, su relación con la vulnerabilidad humana y con la interdependencia), 4) las diferentes formas de articulación entre principales agencias de provisión de bienestar (Estado, mercado, familia y comunidad).
En los últimos años, la corrupción política se ha convertido en uno de los temas principales para las agendas políticas, mediáticas y ciudadanas en buena parte de los países de Iberoamérica. En España, se mantiene desde hace varios años como una de las principales preocupaciones ciudadanas y se ha convertido en uno de los temas de más peso en los medios, auspiciado por el incremento en el número de procesos judiciales. En América Latina observamos cómo la corrupción se ha convertido en un tema emergente especialmente en períodos electorales y en un argumento de disputa política para sustituir presidentes. Todo ello ha generado que la corrupción y sus efectos sea un tema en auge en el debate académico. El abordaje investigativo de la corrupción se puede realizar desde distintas dimensiones: implementación de políticas de control y prevención; incidencia en la percepción de la calidad de la democracia y en el cinismo político; tratamiento de los medios en su función de constructores de la realidad o sus efectos sobre la vida política y social de un país. En este grupo de trabajo tienen cabida propuestas que se aproximen teórica o empíricamente a alguna de estas dimensiones de la corrupción.
GIGAPP
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas
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