En el año 2006, la ONU reconoció a las personas con discapacidad “el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”. El desarrollo de este derecho implica necesariamente que los gobiernos y administraciones públicas deben interpretar la discapacidad como un problema social y, en consecuencia, articular las garantías institucionales necesarias para que las personas con discapacidad puedan alcanzar una “plena igualdad de derechos” y disfrutar, sin exclusión, de las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. La finalidad de esta ponencia es conocer si la Comunidad de Madrid ha fomentado el modelo social de la discapacidad en las políticas y servicios públicos que se destinan a las personas con diversidad funcional grave de su ámbito territorial. Para ello, se analizará en profundidad un estudio de caso: “El Proyecto Vida Independiente y de Promoción de la Participación Social”.