Instrumentos jurídico-penales en la lucha contra la corrupción: ¿eficaces o simbólicos?.

Otero González, Pilar

Abstract:

"En el último lustro (fundamentalmente a través de la Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015), España ha dado pasos decisivos en la lucha penal contra la corrupción. Así, se han modificado los delitos de cohecho; se ha ampliado el concepto penal de corrupción introduciendo una sección relativa a los delitos de corrupción en los negocios que contiene dos tipos penales: el delito de corrupción entre particulares y el modificado delito de corrupción transnacional; se ha reformado la prevaricación específica en un ámbito tan proclive a la corrupción como es la ordenación del territorio y el urbanismo; se ha modificado igualmente el delito de blanqueo y el decomiso, instrumentos orientados a que el delito “no sea rentable” y que junto al delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, obedece a la globalización de la estrategia anticorrupción; se ha introducido el delito de financiación ilegal de los partidos políticos; se han introducido algunos delitos de falsedades específicas en la información contable, que ofrecen menos problemas de probanza que, por ejemplo, los delitos de cohecho; se han elevado las penas en algunos delitos relacionados con la corrupción como el cohecho o el tráfico de influencias lo que ha implicado la elevación del plazo de prescripción; se han introducido nuevas penas accesorias en algunos delitos contra la Administración Pública; y se han introducido algunas figuras premiales basadas en la delación. Sin embargo, al mismo tiempo se ha demostrado que estas reformas son meramente simbólicas si no van acompañadas de la necesaria taxatividad de los tipos penales. Resulta fácil comprobar a este respecto cómo las últimas reformas penales se caracterizan por contener cada vez con mayor frecuencia tipos penales desdibujados, farragosos y ambiguos que dificultan la subsunción en ellos de determinadas conductas relacionadas con la corrupción. Además de ello, no se ha abordado en profundidad una reforma de los instrumentos procesales para conseguir una mayor eficacia en la persecución de estos delitos complejos cuya investigación se prolonga en el tiempo. En este sentido, debe reformarse el proceso penal que sigue anclado en un modelo procesal caduco, permitiéndose una mayor agilidad en los procesos que pasa, entre otras cosas, por facilitar el enjuiciamiento fragmentado, y, al mismo tiempo, debe dotarse de medios a la Oficina Judicial para conseguir su necesaria modernización De otro lado, debe reforzarse la autonomía del Ministerio Fiscal frente al Gobierno y, al mismo tiempo, garantizarse la independencia de la función de los fiscales. Como medidas complementarias a la vía penal, no hay que olvidar los convenios anticorrupción en las empresas como respuesta preventiva, y de otro lado, el control financiero y contable de la inversión pública a través de la sección especializada de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Área(s) temática(s):

• 2. Gobierno, Instituciones y Comportamiento Políticos

Año:

2016

Tipo de publicación:

Paper/Extenso Congresos GIGAPP

Número:

2016-558

Serie:

VII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Politicas Públicas. GIGAPP 03-05 octubre 2016.

Dirección:

Madrid, España

Organización:

GIGAPP. Asociación Grupo de Investigacion en Gobierno, Administración y Políticas Públicas

Mes:

Octubre