La oferta de viviendas particulares para uso turístico es un fenómeno histórico en España con una importante repercusión económica y social. Caracterizadas por la economía sumergida que funciona tras ellas, el vacío legal existente tras la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 y el intrusismo y competencia desleal que ejercen frente a otros establecimientos turísticos reglados, desde los poderes públicos se ha considerado la necesidad de implantar una regulación específica de las mismas que haga frente a esta problemática fortalecida en los últimos años por al auge del consumo colaborativo y la aparición de las denominadas webs p2p. Con ello, no sólo se da respuesta a la demanda de los sectores afectados, sino que se otorga una protección adecuada del consumidor-usuario y, sobre todo, una mejora de la posición competitiva del destino España.