2014-G16. Reformas y medidas de gobernanza y ética para la buena administración

Las reformas de la administración pública se han mantenido en los últimos 30 años como un fenómeno tendencial de los países que responden a la órbita occidental se han ido acuñando revisiones a las formas en que las administraciones públicas visibilizan su actuación en aras de ver reflejada una mejora en la gestión, que hemos de llamar para nuestro propósito, de “buena administración”.

Hemos de coincidir en que las politicas de buena administración exigen una capacidad de los países, administradores, gestores, etc., que se debe estructurar de tal modo que las reformas o actuaciones se desarrollen tomando en cuenta todo el sistema político-administrativo. No cabe duda que hoy en día la naturaleza de cualquier reforma es más política que técnica, y en esta premisa conectamos a los valores de la gobernanza pública orientada al concepto de buen gobierno.

Los cambios provenientes de las reformas o de cambios de sistema de gobierno inclusive traducidos en reglas (leyes), estructuras y procesos no necesariamente consiguen cambiar los comportamientos y las culturas, es cierto que se ha de evitar el ser excesivamente crítico con las reformas ni indulgente en la espera de que los nuevos instrumentos generen grandes cambios. Es necesario que las administraciones y los servidores públicos interioricen la motivación, los valores y la disciplina requerida para la transformación deseada. Es evidente que cualquier intento de modernización o reforma ha de considerar el contexto; los entornos institucionales han de ser analizados en la búsqueda de las mejores técnicas provenientes de un mutuo aprendizaje; las leyes que regulan medidas de mejora en la administración (de transparencia; anti corrupción) no pueden ser instrumentos replicables per se; se ha de tomar en cuenta la realidad de cada entorno para la configuración de una norma que además ha de estar dentro de una dinámica de aprendizaje de administradores y administrados. Considerando siempre que la gestión pública es gestión de los intereses generales ante todo, el derecho a una buena administración ha de ser entendido como un derecho que atinge a lo individual y a lo colectivo ya que no solo protege un estatus del individuo sino que se alinea al desarrollo del valor de la convivencia. Este derecho resulta entonces una dimensión más del proceso de democratización que estamos viviendo. Si entendemos la gestión pública como la gestión de los intereses generales y en ella inmerso el derecho a una buena administración debemos reconocer a su vez que así como los ciudadanos detentan el derecho, los agentes públicos, servidores y/o funcionarios tienen el deber de buena administración. Así, la buena administración plantea desafíos permanentemente a la gestión pública, genera necesidades de revisión de marcos institucionales y legislativos, procedimientos, marcos regulatorios, o formas de relacionamiento de ciudadanos y de las empresas, aparición y gestión de las tecnologías como instrumentos de gestión positiva, contenidos todos de las políticas de buena administración. Estos desafíos hacen a la practica del deber de buena administración para la realización del correspondiente derecho, en ellos están la implicación de la dirección política de la administración así como su dirección técnica, sus servidores sus ciudadanos y sus empresas, es decir, la construcción de una gobernanza de la buena administración. Y en esta construcción se requiere integrar los valores personales con los valores institucionales, de esta manera las personas y las administraciones como organizaciones pueden seguir el camino juntos con objetivos comunes. ¿Será posible una ética de la administración que vaya mas allá de una norma?