El proceso de democratización en América Latina, trajo consigo entre otros retos, la rediscusión de los modelos institucionales que debe adoptar la estatidad para cumplir de modo más satisfactorio las demandas sociales, en el marco del desafío democrático como régimen político garante de libertades, pero a su vez proveedor de una gobernabilidad estable.
En este contexto, la discusión sobre el reescalamiento del Estado, que había tendido a fuertes lógicas centralistas en relación a las necesidades políticas de los regímenes autoritarios previos, y económicas de sostenimiento del régimen de sustitución de importaciones como modelo de desarrollo, se abre a finales de los ‘80 la atracción de la propuesta descentralizadora.
Pero así como el camino hacia la democracia sostenible trajo también consigo la discusión sobre el rol del Estado, su alcance y su redefinición, el proceso de descentralización política cumplió (y cumple) un papel importante en la disputa sobre el papel que debe asumir la estatidad a nivel territorial, en particular como promotor de los procesos de desarrollo económico y productor de bienes y servicios públicos. La descentralización, resulta un concepto en el que parecen confluir fenómenos de diferente justificación teórica y resultado empírico, que va desde la regionalización hasta la autonomía en términos estrictamente políticos, pasando por la cuadriga clásica de “desconcentración, devolución, privatización, delegación”, respecto a las estructuras estatales y sus funciones. Por ello, se vuelve estimulante hacer dialogar las dimensiones teóricas que justifican procesos de descentralización puntual en el medio latinoamericano y sus resultados en términos prácticos de política pública. La propuesta del panel supone indagar sobre la experiencia e impacto de experiencias concretas en la producción de bienes públicos descentralizados, que den cuenta de ambas dimensiones (la estrategia asumida y el proceso), en el afán de hacer justicia a los resultados en torno a los objetivos, situando en el balance tanto los costos de su implementación y los beneficios obtenidos como sus externalidades (esperadas e inesperadas, positivas y negativas) para los diferentes actores territoriales.