En momentos de incertidumbre y desconfianza, tanto económica como política y social, es necesario cerrar la brecha existente entre "los que saben" y "los que no saben", o sea, entre los especialistas y los ciudadanos en su conjunto, provocada por la fragmentación del conocimiento.
Esta brecha, que tiende a excluir a los ciudadanos del debate sobre temas complejos, pone en peligro la democracia, que requiere alimentarse de un vigoroso intercambio de ideas y opiniones. Es necesario, pues, consolidar un nuevo modo de producción del conocimiento socialmente distribuido, donde la identificación de los problemas y su solución se realice a través de una compleja interacción entre los diferentes actores implicados —políticos, técnicos y ciudadanos— en redes de colaboración.
Debemos pasar, por tanto, de un modelo de pensamiento basado en la idea del “ellos piensan”, a una del “nosotros pensamos”, que nos servirá para la construcción de una verdadera democracia, al crear una especie de ágora virtual, integrada dentro de la comunidad, que permita el análisis de problemas, el intercambio de conocimientos y la toma colectiva de decisiones. Entendiendo el control social como la participación de los ciudadanos en la gestión pública, en la fiscalización, monitorización y control de las acciones de la Administración Pública, es un elemento importante para gestionar el cambio, al permitir el fortalecimiento de la ciudadanía y servir, además, como mecanismo de prevención de la corrupción. Este control se convierte en un complemento indispensable del control institucional realizado por los órganos, tanto internos como externos, que fiscalizan los recursos y las acciones públicas. La participación de los ciudadanos adquiere una vital importancia, al contribuir al buen uso de los medios públicos, haciendo que las necesidades de la sociedad sean atendidas de forma eficiente y que los ciudadanos sientan que forman parte activa de esta sociedad, algo absolutamente