Las políticas sociales de cuidados a la infancia, la dependencia y la discapacidad han adquirido una gran relevancia para la agenda de políticas públicas en los comienzos del siglo XXI. Ello se debe a múltiples razones, de las cuales se destacan dos de orden social y político y una de orden científico.
Entre las dos primeras, de manera señalada, la "revolución del papel de la mujer" en la sociedad respecto del empleo, las políticas sociales y los cuidados no remunerados, que a su vez plantea la revolución pendiente del papel de los hombres en el hogar y los cuidados La segunda razón estriba en la reciente adquisición de carta de ciudadanía de los derechos infantiles y de las personas con dependencia y discapacidad, y por tanto, el reconocimiento público de las responsabilidades de la sociedad en su conjunto, el Estado de Bienestar, las instituciones de mercado, familiares y asociativas, respectos a su atención y cuidado, no sólo como colectivos vulnerables sino en razón de sus derechos ciudadanos.
Con la emergencia y el reconocimiento de los derechos al cuidado emerge también el derecho a cuidar o a no cuidar, con todas sus implicaciones personales y colectivas. La tercera consideración atañe a su relevancia para las ciencias sociales, como "hecho sociológico", tanto en su vertiente de trabajo remunerado como en la de trabajo no remunerado, que justifica la necesidad de su conceptualización y estudio, atendiendo a tres facetas: la de intercambio afectivo, la de su regulación cultural y genérica, y la de acción con un contenido material. Las crisis financieras y económicas que se han sucedido desde 2008 han situado en una encrucijada decisiva las políticas sociales de cuidados.
Se propone por tanto este Grupo de Trabjo como área de debate sobre el panorama actual y sobre el futuro de las políticas sociales de cuidados en un contexto de crisis.