2017-41 Smart regulation, innovación y desarrollo sostenible: mejores normas jurídicas para un mejor gobierno y una administración de mayor calidad.

De conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, por ejemplo, el número 16 (“Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”) algunas de las metas a alcanzar para 2030 dependen fuertemente de la existencia de una regulación pública de calidad.
Así, “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”, “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”, “crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles”, “garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles”, “ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial”, “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, o “promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”, por ejemplo (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ ).
Del mismo modo, en la elaboración de la Nueva Agenda Urbana derivada de Habitat III en Quito, Ecuador, a finales de 2016, se ha puesto de relieve la extraordinaria importancia de la calidad de las reglas jurídicas para la gobernanza urbana (Policy Paper número 5, 2015: http://habitat3.org/wp-content/uploads/event_files/ooVmt0FkZYOHtpBWXN.pdf )
Todos estos objetivos no podrán lograrse sin un nuevo modo de entender la regulación pública que permita lograrlos. La innovación es clave para la competitividad y el crecimiento económico de los países y para dar respuesta a los complejos retos que tienen planteadas las sociedades en la actualidad en los aspectos sociales y ambientales. La misma se traslada a nuevos sectores en los que es necesaria una intervención de las Administraciones públicas, como la economía colaborativa (sharing economy), las nuevas tecnologías o los datos abiertos y masivos (open and big data).
La regulación puede ser un elemento que permita e incentive la innovación en las sociedades o, por el contrario, la dificulte y la desincentive. Las normas jurídicas del siglo XXI deben dar respuesta a la complejidad, la diversidad y la incertidumbre que caracterizan nuestra época.
La regulación debe adaptarse a la innovación. En efecto, la innovación plantea nuevos retos a la regulación que se traducen en la necesidad de incorporar nuevos instrumentos y procedimientos de regulación que puedan reflejar adecuadamente los resultados de la innovación y determinen el papel que en ellos deben tener las Administraciones públicas. En esta dirección, en los últimos años se han puesto en marcha algunas iniciativas como la evaluación ex ante y ex post de las regulaciones, la experimentación normativa, los laboratorios de regulación, el nudging, el desarrollo de indicadores de calidad normativa, la regulación de los lobbies o grupos de interés, o la participación electrónica en la elaboración de normas (erulemaking), entre otras, a través de las que la regulación se está adaptando a las exigencias que se derivan de la innovación y permitiendo y alentando ésta.
Este grupo de trabajo se propone analizar el impacto de la innovación en la regulación, concentrando especialmente la atención en cómo deben los parlamentos, los gobiernos y las Administraciones públicas impulsar la regulación de los sectores con un alto nivel de innovación y qué instrumentos técnicos concretos están a su alcance para ello.