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La investigación empírica ha puesto de manifiesto el vínculo existente entre los arreglos institucionales en materia de personal público (función pública, servicio civil, empleo público) y la eficacia de las inversiones económicas, la seguridad jurídica y la imparcialidad en el funcionamiento del aparato administrativo, por señalar algunos de sus efectos. Por otro lado, existe también un campo especializado de estudio que indaga los modos en que las burocracias públicas en general han tratado de adaptarse a las demandas de flexibilización provenientes del nuevo gerencialismo y, al respecto, existen también abundantes investigaciones acerca del modo en que se han implementado reformas en materia de función directiva, evaluación del rendimiento, gestión por competencias.
La elevada capacidad que nos brinda la tecnología de recoger, cruzar y computar, y finalmente interpretar enormes cantidades de datos de fuentes diversas, está suponiendo una verdadera revolución en los ámbitos del gobierno, la gestión y las políticas públicas. Lejos de ser un mero instrumento, o una mejora cuantitativa, está transformando la realidad de un modo tan palpable que los profesionales y teóricos de las ciencias políticas y la gestión pública, no podemos dejar pasar de largo su estudio. La experiencia como consultores en proyectos donde este incipiente campo se está abriendo, nos señala que la tecnología no es el mayor reto, sino que se encuentra en los campos en los que los politólogos y juristas debemos manifestar nuestra destreza: Los marcos de relación entre quien proporciona los sensores y la infraestructura, quien explota los datos, y los beneficiados. Los consorcios, el papel del ciudadano informado, nuevas formas de democracia, oportunidades de negocio, los límites al uso de la información, etc., por indicar unas cuantas.
Las administraciones públicas españolas y Latinoamericanas han sufrido profundas transformaciones durante las últimas dos décadas. Entre las dimensiones de innovación administrativa más recientes se encuentra la incorporación de herramientas de la nueva gestión pública, así como ideas de la gobernanza en red. Por ello, las redes sociales atraen cada vez más la atención de las administraciones públicas como fuente de innovación y mejora interna, así como ámbito de profundización en la relación con la ciudadanía. Todo ello abre las puertas a una transformación de calado en el sector público.
Los gobiernos locales tanto en Europa como en otros continentes están abocados a reformas intensas. Así, en algunos países ha sido o será el nivel de gobierno más afectado por la todavía sin resolver crisis financiera y económica. Pero además, y de manera simultánea, los gobiernos locales se enfrentan a demandas de reforma donde aparecen contradicciones (por ejemplo, la dificultad de conciliar más y mejor democracia y transparencia con requerimientos de eficacia y eficiencia). En este grupo de trabajo se trata de repensar algunas de las cuestiones recurrentes que están en el núcleo de las reformas del sector público local incluyendo aquellas inspiradas por la Nueva Gestión Pública (NGP) impulsada desde organismos internacionales (OCDE,UE,FMI) o la Post-NGP que ha venido a corregir los excesos y fracasos de la primera, así como el estudio de las reformas territoriales o funcionales derivadas de las políticas de austeridad encaminadas a reducir el gasto público.
La puesta en marcha de políticas de Gobierno Abierto requiere, en primer lugar, un análisis de los recursos y aptitudes de la propia administración. Las distintas iniciativas han puesto de relieve la necesidad de fijar unos estándares mínimos sobre Gobierno Abierto (http://www.opengovstandards.org/?page_id=60), pues es necesario contar con unos requisitos mínimos para poder llevarlas a cabo. Por ello, es preciso identificar cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un modelo de Gobierno Abierto, partiendo de los diferentes enfoques que han dado administraciones en todo el mundo, tanto como estrategia global como con actuaciones enfocadas a alguno de los pilares del Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración).
El crecimiento económico que experimentó América Latina en la última década se acompañó de mejoras considerables en la reduc-ción de la pobreza y, algo más modestas, en lo que refiere a la distribución de la riqueza. Ello supuso que un importante segmento social subiera un escalón en la estratificación social pasando a engrosar las clases medias. Tal situación representa un logro remarcable pero también un enorme compromiso.
La movilidad social ascendente ha sido desde siempre un desafío político de la mayor relevancia. En primer lugar, supone pensar en políticas públicas capaces de consolidar el estatus de aquellos que han logrado salir de la pobreza. En segundo término, se hace preciso garantizar los canales de ascenso social permanezcan abiertos y dinámicos de modo que, aquellos que no han aún logrado subir, lo hagan.
La confianza social y política se ha convertido simultáneamente en objeto de deseo y causa de frustración en los últimos años. Asociados a la solidez democrática, la prosperidad económica y la cohesión social, los lazos sociales débiles y la confianza en las instituciones son ingredientes necesarios para que se puedan desempeñar eficientemente las labores de gobierno pero, fundamentalmente, para que la vida cotidiana sea posible. Por las anteriores razones, la desconfianza, desafección y desapego preocupa tanto a países en desarrollo que busquen consolidar sus logros como a los países desarrollados que, tras la crisis económica, social y ahora política, ven descender sus niveles históricos.
De cara a ello, en este Grupo de Trabajo se analizan los factores involucrados en la creación y/o destrucción de la confianza social o institucional, el rol del Estado y las políticas públicas en su dinámica, el impacto de la crisis económica y los escándalos de corrupción, las propuestas y estrategias que se debaten para fomentar ambas.
En este Grupo de Trabajo se pretende intercambiar reflexiones teóricas sobre la posibilidad de establecer consensos a través del arte de gobernar. Intentamos ir más allá de los temas clásicos que interesan a la Ciencia Política (Procesos electorales, Estado y grupos de poder) proponiendo vasos comunicantes entre Arte, Política y convivencia en el reconocimiento de la diversidad.
Presentamos nuestra preocupación en torno a la posibilidad o no de lograr consensos cuando existen diferencias aparentemente "irreconciliables" en el espacio público, así como el entendimiento de "lo político" como la posibilidad de crear nuevas formas de convivencia.
Durante las últimas tres décadas en América Latina, se ha desarrollado un fenómeno que se ha denominado "la emergencia indígena" (José Bengoa), el que ha implicado el resurgimiento de la cuestión indígena, produciendo grandes desafíos para la gobernanza y el sistema jurídico. La demanda de los pueblos indígenas es profunda y radical. No sólo implica derechos para su grupo, sino que cuestiona los cimientos del Estado Nación en toda América Latina y el modelo de desarrollo económico ligado a la explotación de recursos naturales. En ese contexto los países latinoamericanos han reconocido una amplia gama de derechos a los pueblos indígenas, incluso de rango constitucional y han suscrito los principales tratados internacionales al respecto (principalmente el Convenio N° 169 de la OIT). Asimismo el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ha desarrollado una vasta jurisprudencia, estableciendo la obligación estatal de consulta, protección de la identidad, propiedad comunitaria y representación política de los pueblos indígenas. Los gobiernos latinoamericanos han tenido que cambiar su forma de relación con los pueblos indígenas y adaptar su gestión y actuación a esta nueva realidad para llevar a cabo su función. Así los desafíos de inclusión, consulta y reconocimiento de los pueblos indígenas en la acción de gobierno han generado tensiones y características especiales dignas de analizar.
En este Grupo de Trabajo analizamos desde una visión integradora y plural la situación actual de nuestra democracia, teniendo como referentes los aportes que ya desde la antigüedad se conocen.
A través de sus contribuciones, se pretende profundizar en las causas que hacen plantearse en estos momentos la necesidad de reformar no sólo las instituciones gubernamentales, sino las cuestiones políticas y morales subyacentes. Conoceremos las dimensiones internas y externas de la regenera-ción democrática, sus raíces históricas y su proyección actual, en un contexto de crisis económica y de desafección política por parte de los ciudadanos que se consideran cada vez más alejados de quienes les representan.
El enfoque institucional es un enfoque especialmente útil para analizar la cooperación interterritorial. La consideración que se ha dado a los diferentes organismos dedicados a estas funciones y el peso que han ido adquiriendo en la elaboración de las políticas públicas, están estrechamente relacionados con la Ciencia Política.
El objetivo del Grupo de Trabajo es estudiar las instituciones que se encuentran en el nivel central, supranacional, autonómico y local: sus líneas estratégicas de actuación y la tendencia en virtud de su evolución.
Durante las dos últimas décadas los estudios sobre desarrollo urbano han tenido en la noción de gobernanza uno de sus conceptos clave. Ésta ha sido vista, principalmente, como un instrumento de articulación y concertación en la construcción de agendas de desarrollo orientadas por el mercado, el crecimiento económico y la competitividad interurbana.
No obstante, en años recientes el fracaso de las estrategias neoliberales ha subrayado el carácter controvertido y habitualmente conflictivo de las relaciones de gobernanza realmente existentes y, más concretamente, de las articulaciones Estado-sociedad civil. En ese contexto, una extensa literatura académica ha analizado las cada vez más visibles prácticas de contestación y resistencia de la sociedad civil a la aplicación de políticas neoliberales.
La desafección ciudadana hacia los parlamentarios, ya sea del Congreso de los Diputados o Senado como de los parlamentos de las Comunidades Autónomas, es un fenómeno complejo en su diagnóstico y más aun en las posibles soluciones para superarlo. Los parlamentos y sus miembros tienen un papel destacado a la hora de adoptar medidas para recuperar la confianza pero puede ser una tarea muy grande para abordarla en soledad.
Es, por tanto, la hora de la sociedad. Dentro de esta situación de crisis, se está produciendo una ventana de oportunidad en lo relativo a la aparición de formas emergentes de movilización de la sociedad a través de plataformas organizadas, de iniciativas de ciberactivismo, de colectivos que reflexionan sobre el bien común.
El diseño de un nuevo modelo de estado relacional, de un estado que asegure el equilibrio entre las fuerzas del mercado y una estructura fuerte de solidaridad y protección social tiene como aliado principal la gobernanza, que a través de la participación ciudadana, la transparencia, la participación y la cooperación con la ciudadanía puede favorecer sociedades más avanzadas, libres y responsables de su presente y de su futuro.
La gobernanza exige una colaboración activa y constructiva entre todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local pero también debe contar con la sociedad civil y los agentes económicos y sociales. En este sentido el ámbito local emerge como el laboratorio perfecto donde hacer realmente efectiva la gobernanza, y lo es porque en un entorno relacional, los gobiernos locales como consecuencia de la descentralización y la autonomía local actúan a través de redes y enmarcan muchas de sus actuaciones en escenarios multinivel que les permite extender y proyectar su ámbito de actuación.
El concepto de ciudadanía constituye uno de los ejes centrales de los debates académicos y políticos contemporáneos. Con un auge espectacular en las últimas décadas, dicha noción ha ganado distintas interpretaciones, la mayoría de las cuales giran en torno a los criterios que definen la pertenencia de los individuos a la comunidad política.
Primero, de punto de vista formal, esta pertenencia ha sido tradicionalmente operacionalizada mediante un conjunto de derechos reconocidos a aquellos que ostentan el estatuto de ciudadano. Segundo, la posesión de derechos habilita a los ciudadanos de actuar en el ámbito político, participar activamente en el proceso de toma de decisiones y dialogar con sus representantes electos, por lo que las prácticas participativas de los derechos se convierten en otro elemento definitorio de la condición de ciudadano.
La Unión Europea define la representación de intereses como "aquellas actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de las políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones europeas". En este sentido, el Parlamento europeo considera que los grupos de interés desarrollan un papel importante y legítimo en el proceso democrático, por cuanto es un derecho básico que los representantes de la sociedad civil y las empresas tengan acceso a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta.
En los últimos tiempos, hemos sido testigos de una corriente reguladora que ha llevado a los Estados a promover leyes de acceso a la información pública y la implementación de distintos dispositivos institucionales para potenciar los niveles de transparencia, probidad y participación ciudadana en el proceso democrático. El derecho de acceso a la información ha ido ganando terreno en la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional en todo el mundo: Noventa países han formalizado este acceso público a la información y, al menos quince (Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, EEUU, Francia, Hungría, Israel, Lituania, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa y Taiwán) han otorgado un marco normativo específico a la actividad que ejercen los grupos interés.
La sociedad capitalista enfrenta uno de los mayores desafíos en este inicio de milenio:
• ¿Cómo compatibilizar el desarrollo sostenible en las di-mensiones socioeconómica y ambiental con las fuerzas del capitalismo de maximización de la eficiencia y de las ganancias? • ¿Es posible para las empresas hacer elecciones verdade-ramente libres en el sentido de la construcción de un mundo sostenible en un contexto de creciente integra-ción internacional y presión de los mercados financieros característicos del modelo neoliberal de poder? • ¿Es posible demandar a las instituciones estatales una mayor participación e intervención en la sociedad en un contexto de creciente limitación presupuestaria? • ¿Sería esta intervención gestionable dada la fragmenta-ción en competencias administrativa?
El presente Grupo de Trabajo se conforma por ponencias referentes al área de Gobierno que no se lograron ubicar en otras mesas pero que, dada su relevancia y su calidad, han sido igualmente admitidas en nuestro Congreso.
La temática que tratan se enfoca en esencia en la relación de la ciudadanía como actor político y su influencia en el acto mismo de gobernar, esto es, de una gobernanza basada en la interacción social, la construcción de redes, la transparencia de la información y la colaboración entre actores que permitan llevar a buen puerto acciones estatales, programas sociales y políticas públicas
Muchos y muchas de los que trabajamos de lleno en evaluación de políticas, planes y programas públicos, nos llama la atención la gran cantidad de decisiones relevantes y críticas que sobre la gestión pública se han y se están tomando en el contexto actual, frente a los escasos ejercicios de evaluación que se generan para sustentar estas decisiones.
Las necesidades de análisis son muchas y variadas: ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Forman parte del "arte de gobernar"? ¿Qué rol está tomando y/o debería tomar la evaluación en este contexto? ¿Qué está impidiendo que la evaluación sea un motor a la hora de iluminar las decisiones y proyecciones de mejora y aprendizaje sobre un contexto de crisis como el actual? ¿Se trata de una cuestión de financiamiento o de cultura deficiente de evaluación en la gestión pública?
¿Cómo se implementan las políticas públicas en Chile? ¿Por qué se implementan de cierto modo y no de otro? Son preguntas que buscan ser respondidas por los integrantes del panel. Esto, porque en las dos últimas décadas en Chile, el análisis de política pública ha ido capturando creciente interés entre académicos, políticos, funcionarios gubernamentales y estudiantes. Los trabajos académicos han ido abordando mayormente el análisis y descripción de los problemas públicos que requieren intervención gubernamental, la formulación y la evaluación de los mismos.
Los diseños de las políticas públicas - o diseños políticos - (policy designs) se constituyen en un componente esencial en la gobernanza contemporánea. Al asumirse las políticas públicas como epifenómenos del sistema político, se destaca mayormente el carácter instrumental. Sin embargo, más allá de tales perspectivas sistémicas cabría cuestionarse: ¿Qué papel juegan los diseños políticos en la dinámica de las políticas públicas? ¿Son los diseños políticos - y la articulación de herramientas sustantivas y procedimentales específicas - factores clave o variables intervinientes determinantes para explicar procesos de cambios sustantivos, incrementales, o la estasis y/o perpetuación? ¿Qué importancia específica tienen los elementos formales-instrumentales sobre los llamados rationales (argumentos, justificaciones, narrativas o construcciones sociales) en tal relación?
Haciendo eco del llamado hacia una agenda renovada de investigación en diseños políticos (Howlett, 2011), en este Grupo de Trabajo se busca dilucidar y entender el papel de los diseños políticos como determinantes bien del cambio o bien de la estabilidad de las políticas públicas.
Desde hace más de una década, América Latina viene emprendiendo un proceso de transformación y cambios en las estructuras del Estado, con lo cual, las visiones de sus gobiernos en unos casos (Ecuador, Bolivia y Venezuela) han venido rompiendo con la lógica del modelo de desarrollo capitalista, y en otros (Brasil, Argentina, Uruguay) vienen haciendo reformas dentro del modelo actual, colocando al Estado en el centro del desarrollo socio-económico.
Esta realidad ha permitido que se emprendan de manera emergente nuevas concepciones y paradigmas en el diseño y ejecución de las políticas públicas, fundamentadas en el ámbito del desarrollo social, con características de inclusión y mayor participación de la ciudadanía. Ya no es exclusividad y responsabilidad de las instituciones gubernamentales, el diseño y ejecución de las políticas públicas. La ciudadanía y sus distintos modos de organización (consejos comunales, comunas, cooperativas, empresas de producción social, etc.), algunos inclusive contemplados y normados en el marco legal de los distintos países, han venido desarrollando modelos y mecanismos articulados a las administraciones públicas para diseñar y ejecutar proyectos, programas y políticas que les han permitido superar problemas estructurales y coyunturales en materia social, de infraestructura, etc.
Parece que la relevancia de las ciudades es cada vez mayor (Sassen 2007; Canclini, 2006) y, en paralelo, que mejora su posición como espacios de producción de políticas públicas y nodos del conflicto político. Pero el análisis de la política urbana sigue enfrentado dificultades. Por un lado, es difícil delimitar el concepto de "cuestión urbana", expresión que hace referencia a un proceso social concreto y, al tiempo, a una categoría territorial definida (Brugué y Gomá, 1998).
Y, por otro, el concepto de políticas públicas también es difícil de delimitar, siendo a la vez una propuesta de acciones, un proceso político y un proceso de discusión social (Parsons, 1995). Para avanzar en el análisis de la política urbana sería interesante superar los límites que la identificaban con la acción pública ligada al urbanismo, incorporando la complejidad sustantiva que supone el gobierno de las ciudades y la problemática que implican las estructuras multinivel (Iglesias et al., 2011).
La evaluación de políticas públicas cumple algunas funciones clave en lo que debe ser la intervención de un moderno sector público en la economía: Legitima la intervención, aumenta la transparencia y hace efectiva la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. A la evaluación le corresponde la trascendental tarea de poner de manifiesto las implicaciones y consecuencias fundamentales de las políticas públicas en relación a los valores que constituyen el núcleo ético-político de la vida social, mostrando en qué medida son más o menos eficientes, suponen una distribución equitativa de riesgos y beneficios, son preferibles a sus alternativas, etc.
La crisis actual ha evidenciado, entre otras cuestiones, el papel central de "lo público" y una nueva gestión pública impulsada por una ciudadanía que reivindica que se haga el mejor uso posible de sus recursos junto a la participación en las decisiones sobre el mismo. Ambas son las vías por las que circula el "tren" de la cultura de la evaluación de las políticas públicas. Reflexionar y favorecer el debate sobre el diseño de la evaluación; la participación de los agentes implicados en la política; las técnicas más útiles en cada caso en aras a evidenciar su utilidad para abundar en la transparencia que exige la "nueva gestión pública" en su misión de aproximarse a la ciudadanía. Estos son los objetivos de este Grupo de Trabajo.
Este Grupo de Trabajo tiene como propósito avanzar en la discusión sobre el diseño y aplicación de modelos de gestión pública en espacios transfronterizos, bajo el enfoque de gobernanza. Por un lado se intenta fundamentar el papel de los actores locales en las nuevas agendas de cooperación bilateral. Por otro, desarrollar una discusión de los alcances de las agendas bilaterales y la promoción de políticas transversales que durante los últimos suponen nuevas acciones de cooperación transfronteriza. En este sentido se busca discutir sobre la disociación entre esquemas de gestión pública de corte tradicional y esquemas abiertos que permitan la propuesta de agendas que detonen nuevos acuerdos en el marco de una buena gobernanza como base de un desarrollo territorial integral.
Este Grupo de Trabajo tiene por objetivo analizar la situación de la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas, utilizando la evaluación de políticas públicas como metodología de análisis.
Se busca incorporar al análisis clásico de participación ciudadana (grupos de presión, sociedad civil, mercado....) en el diseño de las políticas públicas, el aporte que proporcionan los diversos tipos de análisis que se vienen haciendo sobre el comportamiento de las redes sociales digitales en lo referente a su participación en la determinación y difusión de problemas sociales y en la modificación de soluciones ya establecidas (recogida de firmas a través de redes sociales para modificaciones de proyectos regulatorios) y su incorporación al análisis y evaluación de políticas públicas.
La Seguridad alimentaria y nutricional (SAN) es definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)como "la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa". La preocupación por la SAN inició en la Conferencia Mundial de la Alimentación en 1974, donde los gobiernos proclamaron que "cada hombre, mujer y niño tiene el derecho inalienable a no padecer hambre y malnutrición a fin de desarrollar sus facultades físicas y mentales".
Resumen/Justificación En su categoría de bien de interés público y derecho social, los imperativos de la educación demandan sumar todas las fuerzas posibles del ámbito político y social para asegurar el acceso y la permanencia en el servicio; pero sobre todo orientarse hacia una educación de calidad, que permita hacer frente a los retos de la sociedad del siglo XXI. En gran medida, de este bien público dependen el presente y el futuro de la sociedad por lo que corresponde a todos preservarlo y mejorarlo. En cualquier caso, la mejora de la educación será un logro o fracaso colectivo. La formación de los niños y jóvenes debe ser labor de la familia, la escuela, gobierno y la sociedad en su conjunto.
Las sociedades actuales están sometidas a perturbaciones y situaciones de riesgo que solo pueden superarse con el desarrollo de capacidades distintas a las ya existentes. Capacidades que permitan enfrentar problemas complejos con alternativas novedosas, y es ahí donde la innovación social ocupa un lugar central.
Se plantea como un concepto útil para transformar las relaciones sociales. Para articular la creatividad, el conocimiento y los recursos de diferentes actores, en torno a procesos innovadores que aporten soluciones eficaces y efectivas a las necesidades más acuciantes de la población. Mediante la participación activa de los ciudadanos y la adopción de modelos colaborativos en el sector público, se están poniendo en marcha importantes iniciativas en este campo. El objetivo del panel es abordar el valor de la innovación social y analizar algunas prácticas en el ámbito local, donde los actores públicos, privados y sociales hayan desarrollado nuevos modelos relacionales para atender los problemas que afectan a los ciudadanos.
Las políticas ambientales en últimas fechas han ganado espacio dentro de las agendas de gobierno de los países. La sustentabilidad es considerada cada vez más como un tema transversal en el diseño de políticas. Por tal motivo es importante conocer cuáles han sido los avances en este tema respecto al diseño, implementación y evaluación de políticas e instrumentos ambientales. Dentro de los temas a revisar se encuentran la creación de instituciones ambientales que dicten la política y gestión ambiental en los diferentes niveles de gobierno, los instrumentos diseñados para el manejo de los recursos naturales y las externalidades de la explotación de los mismos, la política fiscal ambiental donde se contemplen las diferentes fuentes de financiamiento diseñadas para el fortalecimiento institucional ambiental o impuestos económicos ambientales, o el mercado verde y experiencia con los fondos internacionales de financiamiento ambiental, los diferentes estudios de caso sobre el manejo de los recursos naturales (agua, suelo, aire, biodiversidad, bosques y selvas, residuos, cambio climático, etc.), así como una cronología de la evolución de las políticas ambientales (antecedentes, desarrollo, principales influencias, y prospectiva sobre el futuro de las políticas ).
La Gobernanza democrática local implica la identificación y fomento de los actores múltiples y diversos que son capaces de representar significativamente el conjunto de intereses, valores, mentalidades y prácticas locales de interrelacionarse coordinadamente en torno a una estrategia de desarrollo democrático local. La responsabilidad política democrática exige la construcción necesaria de marcos institucionales y regulatorios así como el desarrollo de capacidades y prácticas locales necesarias para esta coordinación social.
Las políticas sociales de cuidados a la infancia, la dependencia y la discapacidad han adquirido una gran relevancia para la agenda de políticas públicas en los comienzos del siglo XXI. Ello se debe a múltiples razones, de las cuales se destacan dos de orden social y político y una de orden científico.
Entre las dos primeras, de manera señalada, la "revolución del papel de la mujer" en la sociedad respecto del empleo, las políticas sociales y los cuidados no remunerados, que a su vez plantea la revolución pendiente del papel de los hombres en el hogar y los cuidados La segunda razón estriba en la reciente adquisición de carta de ciudadanía de los derechos infantiles y de las personas con dependencia y discapacidad, y por tanto, el reconocimiento público de las responsabilidades de la sociedad en su conjunto, el Estado de Bienestar, las instituciones de mercado, familiares y asociativas, respectos a su atención y cuidado, no sólo como colectivos vulnerables sino en razón de sus derechos ciudadanos.
Este Grupo de Trabajo tiene por propósito aglutinar trabajos vinculados a estudios de caso sobre políticas públicas en América Latina.
Además de precisar desarrollos teóricos para la realidad latinoamericana, el campo de estudios de las políticas públicas en esta región precisa del necesario conocimiento proveniente de los análisis de casos específicos, que profundicen en las realidades cambiantes de nuestros países en el ánimo no solo de describir fenómenos o comprenderlos con rigor y profundidad, sino también como una vía útil para identificar patrones estructurales o institucionales comunes, que favorezcan el desarrollo de análisis comparativos (o incluso la proposición de nuevos marcos de análisis).
Grupo de Trabajo celebrado en el marco del III Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP IUIOG 2012, el 27 y 28 septiembre en la sede de la Fundación José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón .
GIGAPP
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas
GIGAPP
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