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Las llamadas "Políticas de Estado" son frecuentemente invocadas por gobiernos, partidos políticos, organismos, instituciones académicas y grupos sociales para atender los grandes problemas y fenómenos que inciden en el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Cuestiones que si bien no son nuevas, si lo es la forma con que ahora se presentan.
Se trata en muchos casos, de fenómenos persistentes que los gobiernos en su momento, fueron incapaces de prevenir y gestionar de manera adecuada. Los problemas públicos son ahora más complejos, se han transformado en cuanto a su extensión, intensidad y conectividad.
El grupo de trabajo tiene como objetivo principal detectar, analizar, debatir y reflexionar sobre aquellas políticas y servicios públicos que se caracterizan por ser una buena práctica y/o que se distinguen por su valor innovador.
De este modo, los resultados de este cónclave científico contribuirán a conocer y contrastar diferentes estudios de caso nacionales e internacionales y extraer algunas conclusiones preliminares sobre cuáles son los indicadores comunes de las buenas prácticas y sobre cuáles son los elementos clave de la innovación en determinadas políticas y servicios públicos.
En las últimas décadas, se han venido implementado dentro de las administraciones públicas muy diversas estrategias encaminadas a controlar el fenómeno de la corrupción, buscando así generar administraciones públicas más abiertas y transparentes.
Desde diferentes disciplinas, los investigadores sociales han venido formulando estrategias contra la corrupción, muchas de las cuales se vienen implementado por las entidades gubernamentales, demostrando positivas contribuciones en los índices de transparencia, mientras en otras ocasiones no se presentan cambios significativos, situación que exige evaluar dichos resultados y dar una explicación a tal comportamiento.
La política social se ha tornado un elemento vital para los Gobiernos, particularmente los de economías emergentes, puesto que han sido concebidos como esquemas de contención social ante las crisis estructurales que ha significado para algunos países pasar de un modelo estatista a una economía de mercado en el contexto globalizador.
La política social y sus efectos han sido analizados desde varios puntos de vista. Indudablemente el Estado al hacer uso de sus facultades redistributivas se convierte en el único espacio de salvaguarda de los derechos sociales.
La segregación urbana conlleva la separación residencial de distintos grupos sociales en distintos barrios y municipios en función de su nivel de renta y de otras variables relacionadas.
A pesar de tratarse de un fenómeno consustancial al proceso de urbanización capitalista, esta tendencia puede darse con más o menos intensidad en distintos lugares y en distintos momentos históricos. Altos niveles de segregación urbana conllevan una seria amenaza a la cohesión social de las ciudades.
En este grupo de trabajo nos preguntamos, en primer lugar, por los contornos y por la intensidad de este fenómeno en España y en otros países, con un énfasis especial en América Latina: ¿cómo medir la segregación urbana? ¿cuáles son sus implicaciones para la vida en las ciudades? ¿en qué medida ha ido en aumento y cuáles son las principales causas explicativas de su evolución reciente? En segundo lugar, pondremos el acento en aquellos factores que pueden contribuir a la contención de la segregación y a la construcción de ciudades socioespacialmente más cohesionadas: ¿qué papel juegan las políticas urbanas? ¿qué podemos esperar de los procesos de "innovación social"? ¿en qué medida es determinante la colaboración entre administraciones y tejido asociativo?
La seguridad ha sido y es una de las cuestiones fundamentales para toda sociedad. Como tal es una de las políticas públicas que más espacio político y mediático y más recursos humanos y económicos utiliza para conseguir su objetivo: permitir el desarrollo personal y social en ausencia de daños, riesgos o amenazas.
El importante espacio que abarca es inseparable del hecho de que la seguridad va estrechamente relacionada con los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y el bien común. Es por ello que en esta mesa son presentadas algunas de las cuestiones más acuciantes sobre este asunto en el panorama actual.
Es común señalar que en Iberoamérica la planificación y la evaluación de políticas públicas son dos campos específicos del análisis de políticas públicas en los que es necesario ahondar en conocimiento, desarrollar estudios comparativos y profundizar en los estudios de caso.
Específicamente, el análisis de estudios de caso puede dar pautas relevantes a fin de identificar las particularidades propias de cada area de asuntos, así como de cada contexto político-insititucional en el que operan los actores y se desarrollan las políticas públicas.
El presente Grupo de Trabajo recoge ponencias que trabajan aspectos sobre la prestación de servicios y la implementación de políticas públicas de lucha contra la pobreza, temáticas que siempre han sido de interés para el estudio de América Latina dada la preexistencia y permanencia de altos niveles de pobreza y desigualdad en los diversos países de la región.
Desde una perspectiva teórica, metodológica y evaluativa, las ponencia que hacen parte del presente GT desarrollan distintos acercamientos para observar los resultados de políticas públicas en esta vía en tres países latinoamericanos: Brasil, México y Colombia, buscando generar un debate sobre el diseño y la implementación de programas sociales que invita a reflexionar sobre las posibilidades, los retos, los problemas y los desafíos más visibles de distintos esfuerzos por mejorar el bienestar de la ciudadanía más vulnerable a través de programas estatales.
En la sociedad actual, los medios de comunicación son una herramienta imprescindible para poner en contacto al ciudadano con los actores políticos, pasando a tener una influencia innegable en la esfera pública. Esta posición central permite a los medios de comunicación codefinir la manera en que los ciudadanos construyen el imaginario colectivo de los temas de relevancia, pero les dota al mismo tiempo de la capacidad de intervenir en la (co)definición de la realidad y de la toma de decisiones.
Desde este punto de vista, la manera en que los medios de comunicación construyen la realidad se convierte en un elemento fundamental para la ciudadanía, en tanto que permite (o dificulta) la creación de una opinión pública crítica y autónoma. El estudio de los medios de comunicación y su participación en la vida política es, en consecuencia, un elemento fundamental para el conocimiento y mejora de la salud de la democracia. Un segundo pilar de esta línea de investigación lo configura el tratamiento que los medios de comunicación realizan de los derechos ciudadanos, en especial a los grupos de atención prioritaria. En este sentido, identificar la representación, respeto y vulneración de derechos en los medios de comunicación es clave para erradicar formas de discriminación y violencia, a través de un ejercicio de comunicación que promueva el respeto y el reconocimiento de la diversidad, que afirme el diálogo intercultural y el principio de igualdad.
La literatura actual considera que si la ciudadanía confía en la administración pública es más probable se embarque a interaccionar con ella, siendo esperable y deseable esta colaboración y cooperación mejore la performance global del Estado en general y la calidad de las políticas públicas y de su implementación, en particular.
Tomando ello en cuenta, este proyecto busca en primer lugar y de modo general, conocer los factores que intervienen en la formación de la confianza (o desconfianza) en las administraciones públicas en Iberoamérica. En segundo término y de modo específico, se busca analizar cómo influyen en la formación de confianza el funcionamiento de las administraciones públicas y, más particularmente, si las estrategias de apertura, transparencia, participación y colaboración que se proponen como paradigma de reforma de la gestión pública conducen a un mayor desarrollo de la confianza.
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Los procesos de descentralización en América Latina, que inician junto a la democratización del continente, se han caracterizados por una serie de resultados contradictorios, donde casos de renombre internacional por sus buenas prácticas residen junto a territorios donde prevalecen prácticas excluyentes e ineficientes ante las demandas ciudadanas.
Siendo la esencia misma de la descentralización el alcanzar una mejor gestión pública aprovechando la proximidad administrativa del nivel local, y dados los claros ejemplos de municipios que han adoptado mecanismos de participación ciudadana y colaboración entre sectores sociales, esta línea de investigación busca estudiar la implementación de mecanismos de Gobierno Abierto en los municipios de la región, partiendo por el análisis comparativo de casos, de manera que se puedan establecer las principales ventajas y los desafíos más importantes de las estrategias de gobernanza colaborativa en la esfera local de gobierno.
Este proyecto se lleva a cabo gracias al apoyo Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM) de la Universidad Autónoma de Chile (UA).
En los últimos años, el concepto de gobierno abierto se ha extendido con fuerza y se ha instalado en la agenda política mundial. Sin embargo, se trata de una idea y un modelo en fase de construcción cuya ambigüedad y falta de definición consensuada puede perjudicar significativamente las potencialidades que se le atribuyen, como nuevo paradigma que permita construir capacidades para asumir adecuadamente los desafíos del siglo XXI. El análisis comparado de los planes de acción permite extraer lecciones y aprendizajes que pueden contribuir a potenciar y consolidar los esfuerzos por “abrir” los gobiernos en la región, desde una visión ligada al concepto de gobernanza abierta y colaborativa. Se reflexiona sobre la posibilidad que bajo la etiqueta del gobierno abierto se promueva una nueva agenda de reforma del Estado y modernización de la gestión pública para los próximos años en Iberoamérica. Se buscará generar una plataforma de conocimiento que permita monitorear, identificar buenas prácticas y evaluar iniciativas/ estrategias/ políticas de gobierno abierto en Iberoamérica.
El estudio del riesgo emerge actualmente como un enfoque integrador que permite entender los procesos de cambio internos y externos a los que está sometida la Administración. Aporta una base teórica y metodológica que ayuda a identificar, evaluar y tratar los eventos adversos que afectan el desempeño de las organizaciones públicas y la consecución de sus objetivos. La complejidad de estos cambios hace necesario la adopción de modelos colaborativos que permitan el desarrollo conjunto de alternativas innovadoras entre los actores públicos, privados y sociales.
El marco teórico de la gobernanza aporta elementos claros, pero es fundamental incorporar otros conceptos que den mayor énfasis a los resultados de las interacción entre los múltiples actores, es decir, que tenga en cuenta la variable de efectividad social.
La innovación social se plantea como un enfoque útil para estudiar los resultados de los modelos relacionales en contextos de riesgo y alta incertidumbre. Permite entender cómo se articulan la creatividad y los recursos en torno a procesos colaborativos que aportan soluciones innovadoras a los problemas sociales; cómo se mide el impacto social de estas iniciativas; y cómo pueden transformarse en políticas públicas concretas.
La apertura de los gobiernos está cambiando los diseños políticos (policy designs)y la formulación de las políticas (policy-making).
Mediante el uso de la información o las tecnologías de la comunicación, las estrategias de gobierno abierto se fundamentan en una mayor transparencia, participación y colaboración.
Como movimiento emergente, el gobierno abierto y el open data están ofreciendo nuevas herramientas y opciones de actuación pública, cuya diversidad e impactos plantean desafíos científicos claros, vinculados a la necesidad de contar con un mejor conocimiento sobre las herramientas y las políticas públicas resultantes de la puesta en marcha del open data y el gobierno abierto.
En la ciudad de Madrid se están desarrollando importantes iniciativas sociales que conjugan el esfuerzo y la creatividad de los ciudadanos, las asociaciones vecinales, los colectivos sociales, los técnicos y/o funcionarios de las organizaciones públicas para la revitalización del espacio urbano, sea como escenario de producción cultural o promoción del desarrollo socio-económico. El interés que despiertan estas iniciativas es múltiple debido a su impacto en la cohesión social a escala barrial, a la forma cómo recuperan la memoria de un barrio dotándolo de nuevos significados; a cómo desarrollan nuevas prácticas y dinámicas de relaciones sociales; y cómo promueven la construcción de espacios de encuentro y debate ciudadano.
En la investigación, se abordaran y documentarán las experiencias novedosas que han venido desarrollándose en el municipio. Los resultados obtenidos darán forma a una base de datos con información detallada sobre las iniciativas previamente identificadas que se prevé mapear con la finalidad de favorecer la correcta visualización de los resultados y propiciar el intercambio de información entre los actores interesados.
En el marco de la política de promoción e impulso a la investigación que desarrolla el Instituto Nacional de Administración Pública se ha constituido un grupo de investigación formado por un equipo multidisciplinar de expertos denominado GIAP 2032. Su objetivo es abordar una reflexión teórica de alto nivel sobre el nuevo paradigma que debe presidir el pensamiento sobre el Estado y la Administración Pública del futuro, con especial atención a los fenómenos de riesgo sistémico que afectan a las organizaciones públicas, los nuevos modelos relacionales con la sociedad y la búsqueda de grandes consensos sociales.
Para poder hacer frente a los retos de la globalización y a la crisis del Estado del Bienestar, las democracias avanzadas han tenido que evolucionar hacia un modelo de Estado Relacional que plantea un nuevo reparto de roles, tareas y responsabilidades entre el Estado, el mercado y la sociedad civil diferente del que ha caracterizado el tradicional modelo Weberiano de coordinación jerárquica. Así pues, dada la complejidad de los problemas sociales actuales y la multiplicidad de actores implicados, la construcción del Estado Relacional representa un desafío importante tanto para el sistema político como para las administraciones públicas. Y es precisamente en este entorno institucional caracterizado por la "gestión en red" de los servicios públicos y la consecuente diversificación de los mecanismos de colaboración público-privada donde el estudio de las capacidades institucionales y organizativas necesarias para hacerle frente resulta relevante.
¿Qué medidas de administración electrónica están incorporando nuestros organismos públicos de representación? La incorporación de la Tecnología de la Información y la Comunicación en la sociedad general y la política en particular está modificando los mecanismos tradicionales del sistema democrático de representación por un nuevo modelo democrático de participación. Observamos cómo las administraciones públicas están cada día más al servicio de la ciudadanía por medio de esta herramienta de comunicación interactiva. Desde estos organismos se ofrece información en diversos temas de actualidad, se ofrece la oportunidad de interaccionar a través de las redes sociales o de la página web oficial de la administración, e incluso vemos como se van estudiando formas de llevar a cabo la edición de una ley de transparencia en su ejercicio. Es decir, una posible manera de lograr la democratización de Internet, principalmente por dos motivos: la gran expansión de las TIC en la década de los noventa y una "crisis de democracias participativas" debido al continuo retroceso de la participación política de los ciudadanos, Agre (2001), Bimber (1998), Barber (1998), Levine (2002), Norris (2004), Bennet (2003).
El grupo de trabajo que se presenta pretende no sólo convertirse en un ámbito de reflexión teórica sobre aquellos asuntos que afectan a la gestión y la administración de las elecciones, sino también en un foro de exposición, debate e intercambio de estudios empíricos o experiencias prácticas que aborden esta línea temática e investigadora desde alguna de las dimensiones analíticas siguientes: dimensión institucional (modelos organizativos en la dirección, gestión y/o supervisión de los procesos electorales); dimensión funcional (actividades de los órganos electorales); y dimensión sistémica (órganos electorales y gobernanza electoral, su incidencia en la instauración y consolidación de las democracias).
La profundización de la vida democrática en los países pasa por una creciente demanda de accountability como elemento fundamental para la democratización del Estado. Las demandas de accountability han tenido como objetivo una defensa de la transparencia de las instituciones del Estado y de las políticas públicas implementadas. La transparencia es defendida como regla fundamental de la gestión pública para hacer a los gobiernos responsables antes los ciudadanos.
Este Grupo de Trabajo debate los avances y retrocesos relacionados a los procesos de transparencia y accountability, como forma de comprender (por medio de la comparación de casos) el estado actual de la Administración Pública contemporánea en la materia.
La investigación empírica ha puesto de manifiesto el vínculo existente entre los arreglos institucionales en materia de personal público (función pública, servicio civil, empleo público) y la eficacia de las inversiones económicas, la seguridad jurídica y la imparcialidad en el funcionamiento del aparato administrativo, por señalar algunos de sus efectos. Por otro lado, existe también un campo especializado de estudio que indaga los modos en que las burocracias públicas en general han tratado de adaptarse a las demandas de flexibilización provenientes del nuevo gerencialismo y, al respecto, existen también abundantes investigaciones acerca del modo en que se han implementado reformas en materia de función directiva, evaluación del rendimiento, gestión por competencias.
La elevada capacidad que nos brinda la tecnología de recoger, cruzar y computar, y finalmente interpretar enormes cantidades de datos de fuentes diversas, está suponiendo una verdadera revolución en los ámbitos del gobierno, la gestión y las políticas públicas. Lejos de ser un mero instrumento, o una mejora cuantitativa, está transformando la realidad de un modo tan palpable que los profesionales y teóricos de las ciencias políticas y la gestión pública, no podemos dejar pasar de largo su estudio. La experiencia como consultores en proyectos donde este incipiente campo se está abriendo, nos señala que la tecnología no es el mayor reto, sino que se encuentra en los campos en los que los politólogos y juristas debemos manifestar nuestra destreza: Los marcos de relación entre quien proporciona los sensores y la infraestructura, quien explota los datos, y los beneficiados. Los consorcios, el papel del ciudadano informado, nuevas formas de democracia, oportunidades de negocio, los límites al uso de la información, etc., por indicar unas cuantas.
Las administraciones públicas españolas y Latinoamericanas han sufrido profundas transformaciones durante las últimas dos décadas. Entre las dimensiones de innovación administrativa más recientes se encuentra la incorporación de herramientas de la nueva gestión pública, así como ideas de la gobernanza en red. Por ello, las redes sociales atraen cada vez más la atención de las administraciones públicas como fuente de innovación y mejora interna, así como ámbito de profundización en la relación con la ciudadanía. Todo ello abre las puertas a una transformación de calado en el sector público.
Los gobiernos locales tanto en Europa como en otros continentes están abocados a reformas intensas. Así, en algunos países ha sido o será el nivel de gobierno más afectado por la todavía sin resolver crisis financiera y económica. Pero además, y de manera simultánea, los gobiernos locales se enfrentan a demandas de reforma donde aparecen contradicciones (por ejemplo, la dificultad de conciliar más y mejor democracia y transparencia con requerimientos de eficacia y eficiencia). En este grupo de trabajo se trata de repensar algunas de las cuestiones recurrentes que están en el núcleo de las reformas del sector público local incluyendo aquellas inspiradas por la Nueva Gestión Pública (NGP) impulsada desde organismos internacionales (OCDE,UE,FMI) o la Post-NGP que ha venido a corregir los excesos y fracasos de la primera, así como el estudio de las reformas territoriales o funcionales derivadas de las políticas de austeridad encaminadas a reducir el gasto público.
La puesta en marcha de políticas de Gobierno Abierto requiere, en primer lugar, un análisis de los recursos y aptitudes de la propia administración. Las distintas iniciativas han puesto de relieve la necesidad de fijar unos estándares mínimos sobre Gobierno Abierto (http://www.opengovstandards.org/?page_id=60), pues es necesario contar con unos requisitos mínimos para poder llevarlas a cabo. Por ello, es preciso identificar cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un modelo de Gobierno Abierto, partiendo de los diferentes enfoques que han dado administraciones en todo el mundo, tanto como estrategia global como con actuaciones enfocadas a alguno de los pilares del Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración).
El crecimiento económico que experimentó América Latina en la última década se acompañó de mejoras considerables en la reduc-ción de la pobreza y, algo más modestas, en lo que refiere a la distribución de la riqueza. Ello supuso que un importante segmento social subiera un escalón en la estratificación social pasando a engrosar las clases medias. Tal situación representa un logro remarcable pero también un enorme compromiso.
La movilidad social ascendente ha sido desde siempre un desafío político de la mayor relevancia. En primer lugar, supone pensar en políticas públicas capaces de consolidar el estatus de aquellos que han logrado salir de la pobreza. En segundo término, se hace preciso garantizar los canales de ascenso social permanezcan abiertos y dinámicos de modo que, aquellos que no han aún logrado subir, lo hagan.
La confianza social y política se ha convertido simultáneamente en objeto de deseo y causa de frustración en los últimos años. Asociados a la solidez democrática, la prosperidad económica y la cohesión social, los lazos sociales débiles y la confianza en las instituciones son ingredientes necesarios para que se puedan desempeñar eficientemente las labores de gobierno pero, fundamentalmente, para que la vida cotidiana sea posible. Por las anteriores razones, la desconfianza, desafección y desapego preocupa tanto a países en desarrollo que busquen consolidar sus logros como a los países desarrollados que, tras la crisis económica, social y ahora política, ven descender sus niveles históricos.
De cara a ello, en este Grupo de Trabajo se analizan los factores involucrados en la creación y/o destrucción de la confianza social o institucional, el rol del Estado y las políticas públicas en su dinámica, el impacto de la crisis económica y los escándalos de corrupción, las propuestas y estrategias que se debaten para fomentar ambas.
En este Grupo de Trabajo se pretende intercambiar reflexiones teóricas sobre la posibilidad de establecer consensos a través del arte de gobernar. Intentamos ir más allá de los temas clásicos que interesan a la Ciencia Política (Procesos electorales, Estado y grupos de poder) proponiendo vasos comunicantes entre Arte, Política y convivencia en el reconocimiento de la diversidad.
Presentamos nuestra preocupación en torno a la posibilidad o no de lograr consensos cuando existen diferencias aparentemente "irreconciliables" en el espacio público, así como el entendimiento de "lo político" como la posibilidad de crear nuevas formas de convivencia.
Durante las últimas tres décadas en América Latina, se ha desarrollado un fenómeno que se ha denominado "la emergencia indígena" (José Bengoa), el que ha implicado el resurgimiento de la cuestión indígena, produciendo grandes desafíos para la gobernanza y el sistema jurídico. La demanda de los pueblos indígenas es profunda y radical. No sólo implica derechos para su grupo, sino que cuestiona los cimientos del Estado Nación en toda América Latina y el modelo de desarrollo económico ligado a la explotación de recursos naturales. En ese contexto los países latinoamericanos han reconocido una amplia gama de derechos a los pueblos indígenas, incluso de rango constitucional y han suscrito los principales tratados internacionales al respecto (principalmente el Convenio N° 169 de la OIT). Asimismo el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ha desarrollado una vasta jurisprudencia, estableciendo la obligación estatal de consulta, protección de la identidad, propiedad comunitaria y representación política de los pueblos indígenas. Los gobiernos latinoamericanos han tenido que cambiar su forma de relación con los pueblos indígenas y adaptar su gestión y actuación a esta nueva realidad para llevar a cabo su función. Así los desafíos de inclusión, consulta y reconocimiento de los pueblos indígenas en la acción de gobierno han generado tensiones y características especiales dignas de analizar.
En este Grupo de Trabajo analizamos desde una visión integradora y plural la situación actual de nuestra democracia, teniendo como referentes los aportes que ya desde la antigüedad se conocen.
A través de sus contribuciones, se pretende profundizar en las causas que hacen plantearse en estos momentos la necesidad de reformar no sólo las instituciones gubernamentales, sino las cuestiones políticas y morales subyacentes. Conoceremos las dimensiones internas y externas de la regenera-ción democrática, sus raíces históricas y su proyección actual, en un contexto de crisis económica y de desafección política por parte de los ciudadanos que se consideran cada vez más alejados de quienes les representan.
El enfoque institucional es un enfoque especialmente útil para analizar la cooperación interterritorial. La consideración que se ha dado a los diferentes organismos dedicados a estas funciones y el peso que han ido adquiriendo en la elaboración de las políticas públicas, están estrechamente relacionados con la Ciencia Política.
El objetivo del Grupo de Trabajo es estudiar las instituciones que se encuentran en el nivel central, supranacional, autonómico y local: sus líneas estratégicas de actuación y la tendencia en virtud de su evolución.
Durante las dos últimas décadas los estudios sobre desarrollo urbano han tenido en la noción de gobernanza uno de sus conceptos clave. Ésta ha sido vista, principalmente, como un instrumento de articulación y concertación en la construcción de agendas de desarrollo orientadas por el mercado, el crecimiento económico y la competitividad interurbana.
No obstante, en años recientes el fracaso de las estrategias neoliberales ha subrayado el carácter controvertido y habitualmente conflictivo de las relaciones de gobernanza realmente existentes y, más concretamente, de las articulaciones Estado-sociedad civil. En ese contexto, una extensa literatura académica ha analizado las cada vez más visibles prácticas de contestación y resistencia de la sociedad civil a la aplicación de políticas neoliberales.
La desafección ciudadana hacia los parlamentarios, ya sea del Congreso de los Diputados o Senado como de los parlamentos de las Comunidades Autónomas, es un fenómeno complejo en su diagnóstico y más aun en las posibles soluciones para superarlo. Los parlamentos y sus miembros tienen un papel destacado a la hora de adoptar medidas para recuperar la confianza pero puede ser una tarea muy grande para abordarla en soledad.
Es, por tanto, la hora de la sociedad. Dentro de esta situación de crisis, se está produciendo una ventana de oportunidad en lo relativo a la aparición de formas emergentes de movilización de la sociedad a través de plataformas organizadas, de iniciativas de ciberactivismo, de colectivos que reflexionan sobre el bien común.
El diseño de un nuevo modelo de estado relacional, de un estado que asegure el equilibrio entre las fuerzas del mercado y una estructura fuerte de solidaridad y protección social tiene como aliado principal la gobernanza, que a través de la participación ciudadana, la transparencia, la participación y la cooperación con la ciudadanía puede favorecer sociedades más avanzadas, libres y responsables de su presente y de su futuro.
La gobernanza exige una colaboración activa y constructiva entre todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local pero también debe contar con la sociedad civil y los agentes económicos y sociales. En este sentido el ámbito local emerge como el laboratorio perfecto donde hacer realmente efectiva la gobernanza, y lo es porque en un entorno relacional, los gobiernos locales como consecuencia de la descentralización y la autonomía local actúan a través de redes y enmarcan muchas de sus actuaciones en escenarios multinivel que les permite extender y proyectar su ámbito de actuación.
El concepto de ciudadanía constituye uno de los ejes centrales de los debates académicos y políticos contemporáneos. Con un auge espectacular en las últimas décadas, dicha noción ha ganado distintas interpretaciones, la mayoría de las cuales giran en torno a los criterios que definen la pertenencia de los individuos a la comunidad política.
Primero, de punto de vista formal, esta pertenencia ha sido tradicionalmente operacionalizada mediante un conjunto de derechos reconocidos a aquellos que ostentan el estatuto de ciudadano. Segundo, la posesión de derechos habilita a los ciudadanos de actuar en el ámbito político, participar activamente en el proceso de toma de decisiones y dialogar con sus representantes electos, por lo que las prácticas participativas de los derechos se convierten en otro elemento definitorio de la condición de ciudadano.
La Unión Europea define la representación de intereses como "aquellas actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de las políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones europeas". En este sentido, el Parlamento europeo considera que los grupos de interés desarrollan un papel importante y legítimo en el proceso democrático, por cuanto es un derecho básico que los representantes de la sociedad civil y las empresas tengan acceso a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta.
En los últimos tiempos, hemos sido testigos de una corriente reguladora que ha llevado a los Estados a promover leyes de acceso a la información pública y la implementación de distintos dispositivos institucionales para potenciar los niveles de transparencia, probidad y participación ciudadana en el proceso democrático. El derecho de acceso a la información ha ido ganando terreno en la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional en todo el mundo: Noventa países han formalizado este acceso público a la información y, al menos quince (Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, EEUU, Francia, Hungría, Israel, Lituania, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa y Taiwán) han otorgado un marco normativo específico a la actividad que ejercen los grupos interés.
La sociedad capitalista enfrenta uno de los mayores desafíos en este inicio de milenio:
• ¿Cómo compatibilizar el desarrollo sostenible en las di-mensiones socioeconómica y ambiental con las fuerzas del capitalismo de maximización de la eficiencia y de las ganancias? • ¿Es posible para las empresas hacer elecciones verdade-ramente libres en el sentido de la construcción de un mundo sostenible en un contexto de creciente integra-ción internacional y presión de los mercados financieros característicos del modelo neoliberal de poder? • ¿Es posible demandar a las instituciones estatales una mayor participación e intervención en la sociedad en un contexto de creciente limitación presupuestaria? • ¿Sería esta intervención gestionable dada la fragmenta-ción en competencias administrativa?
El presente Grupo de Trabajo se conforma por ponencias referentes al área de Gobierno que no se lograron ubicar en otras mesas pero que, dada su relevancia y su calidad, han sido igualmente admitidas en nuestro Congreso.
La temática que tratan se enfoca en esencia en la relación de la ciudadanía como actor político y su influencia en el acto mismo de gobernar, esto es, de una gobernanza basada en la interacción social, la construcción de redes, la transparencia de la información y la colaboración entre actores que permitan llevar a buen puerto acciones estatales, programas sociales y políticas públicas
Muchos y muchas de los que trabajamos de lleno en evaluación de políticas, planes y programas públicos, nos llama la atención la gran cantidad de decisiones relevantes y críticas que sobre la gestión pública se han y se están tomando en el contexto actual, frente a los escasos ejercicios de evaluación que se generan para sustentar estas decisiones.
Las necesidades de análisis son muchas y variadas: ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Forman parte del "arte de gobernar"? ¿Qué rol está tomando y/o debería tomar la evaluación en este contexto? ¿Qué está impidiendo que la evaluación sea un motor a la hora de iluminar las decisiones y proyecciones de mejora y aprendizaje sobre un contexto de crisis como el actual? ¿Se trata de una cuestión de financiamiento o de cultura deficiente de evaluación en la gestión pública?
¿Cómo se implementan las políticas públicas en Chile? ¿Por qué se implementan de cierto modo y no de otro? Son preguntas que buscan ser respondidas por los integrantes del panel. Esto, porque en las dos últimas décadas en Chile, el análisis de política pública ha ido capturando creciente interés entre académicos, políticos, funcionarios gubernamentales y estudiantes. Los trabajos académicos han ido abordando mayormente el análisis y descripción de los problemas públicos que requieren intervención gubernamental, la formulación y la evaluación de los mismos.
GIGAPP
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas
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